“Aún llevamos el dolor en el corazón porque nos sacaron con las topadoras; ahora están criando ratas en ese predio”, exclamó Reinaldo frente a la Jefatura del Gobierno de la Ciudad. Reinaldo Arnez Medrano es delegado del Barrio Papa Francisco en Soldati, desalojado hace un año por un operativo de la Policía Metropolitana, la Federal y la Gendarmería. “Las topadoras arrasaron con juguetes, cuadernos y guardapolvos”, agregó otra de las oradoras en el acto con que cerró la masiva movilización del 25 de agosto.
Este año, además, se cumplieron diez años desde que fue aprobada la Ley 1770, de urbanización del predio, que el Gobierno de la Ciudad sigue sin implementar. En febrero de 2014 unas setecientas familias habían iniciado la ocupación, que sostuvieron durante seis meses hasta el brutal desalojo. Como parte de su reclamo presentaron un proyecto de urbanización elaborado junto al Taller Libre de Proyecto Social de la Fadu-UBA.
La convocatoria, opuesta al macrismo, partió desde “las organizaciones que estuvimos participando en la toma y la solidaridad con los vecinos de Lugano junto con los delegados del barrio que estuvieron al frente de la ocupación”, explicó Sergio Párraga de la Agrupación Lucha y Trabajo. De este modo incluyó a “distintas corrientes políticas, desde el oficialismo nacional hasta fuerzas que son opositoras al gobierno nacional también”. Entonces, “se hizo un documento y se acordó en reclamar el repudio a la represión, que acordaron todos, y en reclamar que se cumpla la ley 1770”.
Cortina de hierro
La movilización partió desde el Obelisco, para marchar hasta el Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº4, de la jueza Elena Liberatori. La jueza tiene a su cargo una causa iniciada por las familias para exigir el cumplimiento de la Ley 1770. Días después del desalojo había ordenado al Gobierno que haga efectiva dicha ley. Sin embargo, al ser entrevistado el delegado Reinaldo denunció que “hasta el momento no hicieron nada, ni siquiera hicieron el saneamiento” (radio Frecuencia Zero, 25/8).
Al llegar la columna, el Juzgado bajó literalmente su cortina de hierro y no recibió a los delegados. Reinaldo explicó que “parece que [la jueza] tiene un acuerdo con Macri porque creo que quieren hacer condominios; lo quieren vender para otros”, y agregó que “hay una nueva lista que hicieron ellos y la lista que hicimos nosotros ahí del barrio no nos hacen servir para nada”.
El delegado precisó que, de parte del Gobierno, “la única propuesta o arreglo que nos hicieron es botarnos a los paradores y no nos solucionaron nada. Habían dicho que nos hubiesen devuelto por lo menos una cama, unos colchones. Pero no nos trajeron nada. Nada. La mayor parte de la gente que está aquí está buscando en busca de qué solución van a dar hasta ahora”.
“No vamos a seguir viviendo en la villa porque hay punteros allí que tienen una casa de tres pisos y 30 habitaciones de dos por dos y están alquilando a la gente, y te están sacando por habitación 1.500 o 2.000 pesos”, describió.
Luego la marcha continuó hasta la Jefatura de Gobierno en Av. de Mayo, dónde se realizó el acto. “Y siempre vamos a seguir adelante porque no estamos peleando por usurpadores; estamos peleando porque esto es real, hay una ley, la 1770, que se tiene que cumplir”, concluyó.