El día 10 de septiembre se realizó una audiencia pública de la Corte Suprema de Justicia que, en base al caso Daniel Orellano y un grupo de trabajadores despedidos por un conflicto en el Correo Argentino en 2009, está discutiendo si un colectivo de trabajadores o un gremio sin personería puede realizar una medida de fuerza aun sin el aval del sindicato con personería gremial reconocida oficialmente. En términos legales, como expresa la convocatoria de la Corte: “quién es o quiénes son los sujetos habilitados constitucional y legalmente para disponer medidas de acción directa”. Esto implica un cuestionamiento clave al modelo sindical fuertemente centralizado que impera en nuestro país.
El abogado de Daniel Orellano, Matías Cremonte, fundamentó: “el caso del Correo, donde Orellano es despedido, fue dándose porque el descontento ante la falta de respuestas desde el sindicato, el desacuerdo en relación al salario conseguido, las diversas exigencias de terminar con el trabajo precario, las condiciones de contratación temporal, la falta de espacios democráticos, fueron dando el contexto y la propia actuación de los trabajadores de reunirse y debatir como avanzar por sus reclamos y reivindicaciones por fuera de los tiempos y espacios que brinda el sindicato, no por fuera de los derechos que tienen los trabajadores en su conjunto que es poder ejercitar y desarrollar sus propios canales de participación, de apertura a escuchar y debatir las opiniones de todos los trabajadores, de reunirse y convocar a asambleas que muchas veces son espontáneas y es el sentimiento generalizado ante la desconfianza y la falta de resoluciones por parte de sus dirigentes gremiales”.
En la audiencia tomaron parte, además de los representantes legales del trabajador afectado y del Correo, representantes del Instituto de Derecho Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, ATE, la Asociación de Abogados Laboralistas, la Unión Industrial Argentina, la Asociación de Abogados de Buenos Aires y ambas CTA. Fue notoria la ausencia de representantes de las CGT y, paradójicamente, la única voz que defendió el monopolio sindical fue la de Daniel Funes de la UIA. Daniel Orellano fue acompañado por una barra de trabajadores despedidos y reincorporados del Correo.
En una carta abierta firmada por Rubén “Pollo” Sobrero, Carlos “Perro” Santillán, el Cuerpo de Delegados de la Línea 60 y otros delegados del SEOM y la Unión Ferroviaria se sostuvo que “resulta primordial que el derecho a huelga no entre en dudas cuando se trata de un colectivo laboral en conflicto, por lo que debe ser garantizado, no solamente por la Justicia, sino además, por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación quien en su rol de Autoridad de Aplicación, tiene la costumbre de hacer oídos sordos a los reclamos laborales cuando estos provienen de los trabajadores que no están alineados con las burocracias sindicales”.
Y agregaron: “Estamos comprometidos con la democracia sindical en todas sus formas y como trabajadores que sufrimos las consecuencias del poder político-gremial en los años ‘90, que avaló la pérdida de derechos sindicales, reafirmamos que es nuestro deseo que la Corte avale la decisión en primera instancia y posterior de la Cámara y rechace la apelación del Correo Argentino, garantizando el ejercicio del derecho de huelga, garantizado por la Constitución Nacional. Mucho más en este momento que creemos que estamos ante un nuevo intento de avasallamiento de nuestros derechos por parte del Poder Ejecutivo Nacional”.
Ahora el máximo tribunal deberá pronunciarse y, aunque no tiene plazos, se estima que la decisión estaría en no más de dos meses.