Se presentaron los alegatos de las querellas y del fiscal en el marco del juicio por la masacre de Once en el Tribunal Oral Federal Nº2. En el juicio están imputados, entre otros, los empresarios Claudio y Mario Cirigliano de TBA, los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi y los ex interventores de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte Antonio Sícaro y Pedro Ochoa Romero, además el conductor del tren Marcos Córdoba.
Durante los alegatos, las querellas 1 y 2 culparon únicamente al maquinista Córdoba, liberando de responsabilidades a empresarios y funcionarios. Pero las querellas 3 y 4 no dan el brazo a torcer y los acusaron de estrago doloso y administración fraudulenta pidiendo penas de 10 a 18 años para ellos y, al mismo tiempo, la absolución del conductor. Argumentan que le entregaron un material ferroviario que no estaba en condiciones para el servicio.
“Los responsables no se llaman solamente Marcos Córdoba, incluye a la administración fraudulenta, los hermanos Cirigliano, [Juan Pablo] Schiavi, Ricardo Jaime, los voceros del poder kirchnerista durante años”, puntualizó en declaraciones radiales Paolo Menghini, padre de Lucas, una de las víctimas. También el fiscal declaró que va a formular una imputación a todos los acusados: por malversación de los subsidios públicos a los directivos de TBA y por no controlar el uso de esos fondos a los funcionarios del gobierno nacional.
A lo largo del juicio que comenzó el 18 de marzo de 2014 con más de 100 audiencias y 225 testigos, pericias técnicas y contables fueron probando la falta de mantenimiento de las formaciones y el desvío de fondos. El abogado Menghini aportó un mail del Jefe de Talleres que cinco días antes del choque informaba que el tren chapa 16 y otro debían salir de circulación porque eran irreparables.
María Luján Rey, madre de Lucas, insistió en que “las muertes, en su mayoría, se producen por el acaballamiento de los vagones, y éste es el resultado de la reacción de una chapa podrida frente al impacto, es el resultado de la diferencia de altura de los coches, de la incidencia de un parachoques hidráulico devenido en fijo”. Y Paolo Menghini reafirmó en declaraciones a radio Frecuencia Zero: “Si querés evitar una tragedia, no tenés esos trenes que tenés andando. Está claro el dolo de los funcionarios y la administración fraudulenta por eso pedimos los que pedimos”.
El 22 de febrero de 2012, el tren de la línea Sarmiento chocó contra la estación Once y provocó la muerte de 51 pasajeros y dejó otros cientos de heridos. Trágicamente emergió la crisis del sistema ferroviario, de la privatización, la desinversión, la malversación de fondos, y la corrupción.
La abogada Leila Leiva, también de la querella 3, estimó que “la mayor parte de los empresarios y funcionarios aquí imputados se mostraron arrogantes e impunes durante las audiencias pretendiendo hacernos creer y sentir que no les importan las consecuencias de este juicio porque gozan de protección asegurada”.
“El acompañamiento muestra la amplia solidaridad que toda la sociedad ha tenido con esta lucha, y es para nosotros un motivo de un enorme orgullo. Sabemos que más allá de las maneras de pensar el país, de vivir la política, o de los diferentes roles sociales, absolutamente todos necesitamos que la Justicia determine cabalmente las responsabilidades en la muerte de nuestros familiares”, escribió antes de comenzar los alegatos María Luján Rey. Seguimos luchando contra la impunidad y por ¡cárcel a Jaime, Schiavi y los Cirigliano!